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El Ministerio Público de Perú creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo pasados y en las que murieron decenas de personas.
Mediante una resolución publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la Fiscalía conformó este grupo de trabajo para investigar “casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad (…) y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros”.
El documento, firmado por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), “se han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica”.
También por actos de violencia “que no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta” y que “han afectado la integridad física de funcionarios y servidores, así como la infraestructura de diversas entidades públicas y propiedad privada”.
“Ante ello, se requiere de una estrategia de investigación ordenada y célere, siguiendo el mandato constitucional de persecución del delito”, se lee en la resolución.
El texto agrega que las investigaciones penales abiertas en el marco de las protestas se caracterizan por la pluralidad de agentes y víctimas, la dificultad de obtener y asegurar las pruebas de la comisión de los delitos investigados y la diversidad de actuaciones procesales que requieren de competencias unificadas.
“Por tales motivos, resulta idóneo y necesario la conformación de un equipo especial de fiscales para que se avoque a los casos penales con víctimas durante las protestas sociales, el cual deberá contar con un equipo especializado de peritos y de atención integral de las víctimas por las características especiales de este tipo de investigaciones”, concluye.
Una cifra de 77 muertes
En cuatro meses, las protestas antigubernamentales en Perú sumaron un saldo de 77 personas fallecidas y más de 1.000 heridas, lo que ha llevado a diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos a denunciar un uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Según la Defensoría del Pueblo, 49 manifestantes murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.
Boluarte confirmó otro fallecimiento de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y Unicef el deceso de un bebé nonato, mientras que la Policía reportó la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad.
El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.
Además, el 6 de marzo se confirmó la muerte de 6 militares que se ahogaron al intentar cruzar un río, supuestamente para evitar un enfrentamiento con manifestantes de la región sureña de Puno.
Por estos casos, la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros y exministros, entre ellos Otárola, están siendo investigados preliminarmente por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
FUENTE: AGENCIA EFE
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